La trasposición a la normativa española de la Directiva Europea de Servicios supondrá sobre todo terminar con las largas y a veces eternas esperas que autónomos, empresarios y emprendedores, al fin y al cabo, tienen que soportar cuando quieren abrir un negocio.
La nueva ley, además, acabará con otra traba incoherente en un mercado común europeo: la territorial, y permitirá a propios y extraños prestar un servicio en su provincia o en cualquier otra, en su comunidad o en cualquier otra, en su país o en cualquier otro estado miembro de la UE.
Para un fontanero español, abrir su negocio le supone entre quince y 240 días de espera, y los trámites administrativos le cuestan entre cien y 2.700 euros, dependiendo de la comunidad en la que se encuentre. Una empresa mayorista de alimentación tiene en su caso que aguardar entre 45 y 200 días antes de ponerse en marcha, y gastar entre 288 y 6.000 euros.
Estos ejemplos, proporcionados ayer por el secretario de Estado de Economía, David Vegara, son solo una pequeña muestra de lo difícil que es abrir un negocio de servicios en España, de lo que cuesta iniciar una actividad por mucho empeño que se tenga en ello. El silencio administrativo positivo o lo que es lo mismo, empezar a trabajar sin esperar a la autorización previa, así como la ventanilla única para todos los trámites son los dos ejemplos más claros de la prometida agilización.
El Gobierno asegura que con la trasposición desaparecerán estos baches, y para ello hay que modificar ni más ni menos que 7.000 normas estatales, autonómicas y locales. Queda un año y dos meses para lograrlo, porque en diciembre de 2009 la trasposición tiene que ser completa.
De esta ardua labor no se van a librar tampoco los colegios profesionales, entidades con capacidad normativa que cuentan, en muchos casos, con normas o condiciones que han quedado más que anticuadas.
Vegara puso un ejemplo muy gráfico: hay colegios que exigen un certificado de buena conducta para el ejercicio de una profesión. Sin duda, una condición cuestionable o difícil de explicar en pleno siglo XXI. Los colegios cuentan con otras restricciones que habrá que evaluar, como los informes previos de estos órganos sobre un profesional o la obligatoriedad de pagar un seguro de calidad profesional con cantidades que difieren según la rama de actividad.
Reforma en el comercio
Otro sector que contará con reforma legal propia en un futuro próximo será el del comercio. Porque, como señaló el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, a estas alturas parece claro que el "viejísimo y antiguo" problema de la doble licencia para instalar un comercio se tiene que reducir ya a una licencia única.
La intención de esta norma, según señaló ayer el Gobierno, es la de facilitar en la medida de lo posible abrir un negocio o trabajar sin trabas a la competencia en el sector servicios, y para ello también se permitirá, por ejemplo, un número ilimitado de autorizaciones.
Esta cifra ilimitada tiene, eso sí, con una excepción: la falta de recursos naturales para hacer posible la actividad. Y para este supuesto, otro ejemplo: los chiringuitos de la playa. Si no hay agua potable suficiente para instalar muchos habrá que cortar el grifo y concursar para la concesión.
